El legado problemático del caso Brown v. Board of Education

¿Qué avances se han hecho desde la decisión Brown?

Pregunte a cualquier estudiante de escuela primaria o secundaria en los Estados Unidos sobre lo que sabe acerca de la decisión Brown y de la desegregación en este país, y la mayoría pueden mencionar la valentía de Rosa Parks al negarse a ceder su asiento en un autobús en Montgomery, Alabama. También pueden mencionar el famoso discurso de Martin Luther King, “Tengo un sueño” [“I Have a Dream”] y la lucha valiente de Rosa Parks tanto como del Dr. King por los derechos civiles de los afroamericanos en este país. Probablemente muchos adultos tampoco pueden mostrar mejor comprensión acerca de la lucha más generalizada en contra de la segregación. Mientras que algunos adultos pueden nombrar un puñado de otros importantes líderes de derechos civiles (i.e., Thurgood Marshall, Los Nueve de Little Rock [Little Rock Nine], Malcolm X, etc.), o tal vez otros acontecimientos históricos importantes en el movimiento de derechos civiles (e.g., las protestas manifestadas en “las barras para blancos” de restaurantes [lunch counter protests], los estudiantes que fueron manguereados y atacados con perros de policía, etc.), su propia comprensión de la decisión Brown y de la lucha más amplia contra la segregación puede no ser tan clara.

La triste realidad es que este país ha hecho un trabajo bastante pobre a la hora de educar a los estudiantes en cuanto a los movimientos de derechos civiles en general, y a la importancia histórica del caso Brown específicamente dentro de este movimiento de base amplia para el cambio social (Brown, 1995; Gay, 2004). Desafortunadamente, tanto adultos como niños aún no se dan cuenta que la protesta de Parks ocurrió casi 18 meses después de la decisión de la Corte Suprema en el caso Brown, y que Los Nueve de Little Rock intentaron integrar la escuela secundaria [Central High School] casi tres años después de la misma decisión de la Corte Suprema. Es más, el público en general tiene poco conocimiento que los manifestantes en Birmingham fueron manguereados y atacados por perros de policía casi nueve años después del caso Brown, y que el Dr. King dio su reconocido discurso casi 10 años después que la Corte Suprema emitiera su famoso fallo en Brown. Si hay un resquicio de esperanza que rodea la falta colectiva de este país de conciencia histórica sobre el movimiento de derechos civiles, es que existe -como mínimo- un conocimiento concreto de que “separado” es inherentemente “desigual.”

En otras palabras, aunque la población en general no sepa detalles de la decisión de Brown específicamente, existe una comprensión genérica que este hecho puso en marcha una serie de políticas básicas en los Estados Unidos que en última instancia apuntaban a que todas las personas vivieran según las normas de igualdad especificadas en la Constitución de los Estados Unidos. También posiblemente entienden que la lucha por los derechos civiles de las personas de color no fue nada fácil: llevaría años de movilización popular, batallas judiciales, y lucha política, para revocar el dictamen en Plessy v. Ferguson y la lógica profundamente arraigada de Jim Crow que dividía a una nación en dos mitades separadas pero iguales, con las que Brown terminó (NAACP 2014). En efecto, la lección más irrebatible que Brown impartió no fue que anuló el fallo del caso Plessy, sino que era necesario abrir un caso legal para lograr un cierto nivel de igualdad en la sociedad para las personas de color en este país.

La idea genial de la estrategia legal de la NAACP para revocar Plessy—encabezado por Charles Hamilton Houston, Thurgood Marshall y otros—no sólo brilla por su ausencia en este debate general por la lucha de los derechos civiles, sino que está estratégicamente desarticulada de la lucha política general de convencer a los tribunales de que a quienes se les “niega la oportunidad de una educación” también se les excluye de otras oportunidades para el éxito (Brown v. Board of Education, 1954, p. 493). También se ha perdido una visión más comprometida de los sombríos retos socioeconómicos que enfrentan las personas de color dentro de los EE.UU., y cómo estos desafíos estaban, y todavía están, conectados a un sistema general de opresión racial que se perpetúa y refuerza con la ideología de la supremacía blanca (Shapiro y Oliver, 1997). En efecto, es poco sincero hablar de Brown sin discutir el contexto sociohistórico de los Estados Unidos antes, durante y después de este histórico proceso judicial, y cómo los sistemas de enclavamiento de opresión prestaron apoyo sistemáticamente a que la gente de color estuviese en un nivel inferior en el campo social, político, y económico dentro de los EE.UU. (Liu, 2004).

Tomemos como ejemplo la segregación de viviendas. La estratificación de los patrones de vivienda en toda la historia de Estados Unidos —que está íntimamente conectada con el tema de la escolarización segregada— no sólo está ligada a las realidades socioeconómicas, sino que también está directamente relacionada con las políticas racistas de la Agencia Federal de Vivienda- Federal Housing Administration (FHA) que crea y mantiene la segregación de viviendas dentro de los Estados Unidos (Liu, 2004). En el Underwriting Manual ¹ de 1936, la FHA vincula explícitamente los valores de las casas a la composición racial de las escuelas locales. El manual específicamente establece:

La clase social de los padres de los niños en la escuela será en muchos casos de relevancia vital. Así, aunque los alrededores de una zona sean favorables y propicios para un modo de vida placentero y agradable, si los hijos de las personas que viven en dicho lugar se ven obligados a asistir a la escuela donde la mayoría o un buen número de los alumnos representan un nivel socioeconómico considerablemente inferior o un elemento racial incompatible, el barrio en cuestión resultará mucho menos estable y deseable que si dicha condición no existiera (FHA Manual de Aseguramiento de 1936, Sección 233).

En otras palabras, el documento afirma que cuando los niños blancos están “obligados” a asistir a la escuela con niños de color, la escuela y la zona que la rodea es menos deseable y valiosa. Es así como una comprensión general de cómo las políticas gubernamentales y jurídicas no sólo promovieron, sino que explícitamente reforzaron, patrones de vivienda y escolaridad segregados nos ayuda a comprender mejor el papel del gobierno en la producción y el mantenimiento del pasado, presente y futuro de la estratificación racial mientras que nos brinda un mejor entendimiento de las causas por las que la decisión Brown fue en gran medida ineficaz a la hora de cumplir los objetivos declarados en las secuelas de la sentencia de la Corte Suprema.

En este sentido, hay que tener en cuenta que la decisión Brown fue implementada en dos etapas bien diferenciadas. El fallo inicial, generalmente conocido como “Brown I” (347 U.S. 483), fue dictado en 1954 y efectivamente declaró la inconstitucionalidad de los sistemas escolares “separados pero iguales”, independientemente de que las escuelas segregadas fueran iguales en todos los aspectos. Es decir, los sistemas escolares racialmente segregados nunca podrían ser “iguales” a los ojos de la ley.

El segundo fallo, conocido como “Brown II” (349 U.S. 294), fue dictado en 1955, para ayudar a los distritos escolares que participaron en el caso inicial de la corte a determinar la mejor forma de cumplir el espíritu de la ley, y defender principios constitucionales sólidos en el proceso. Cabe señalar que varios de estos distritos, y otros distritos escolares en numerosos estados del Sur habían solicitado específicamente la exención del mandato de desegregación de Brown, citando las complicaciones logísticas y barreras demográficas que creían imposibilitar el cumplimiento con la decisión de la corte de 1954 (Liu, 2004). Dado que los distritos escolares interesados se encontraban en diferentes estados y citaban desafíos particulares de sus respectivos distritos, la Corte Suprema de Brown II determinó que el mejor curso de acción era delegar a los tribunales de primera instancia el deber judicial de vigilar el cumplimiento de la ley “con la más deliberada celeridad” (Brown v. Board of Education of Topeka, 1955). En otras palabras, los distritos escolares locales se encargaban de determinar la estructura y el ritmo de los esfuerzos de desegregación, mientras que los tribunales de primera instancia tenían la responsabilidad de garantizar que el distrito escolar cumpliera la norma (Alemán, 2013).

¿Funcionó la integración?

Dada la imprecisión del mandato de Brown II, sumado a la ausencia de un método uniforme para efectuar los requerimientos de la decisión unánime en Brown I, los esfuerzos contra la segregación tardaron en verse. En efecto, los distritos escolares encontraron una laguna jurídica para llevar a cabo el proceso de desegregación según un ritmo que consideraban más “deliberada” (Bell, 2005). Debido a la ausencia de una orden judicial, los estados esencialmente podrían tomar tanto tiempo como les pareciera conveniente, a fin de eliminar la segregación en las escuelas. Como resultado, en los años inmediatamente posteriores a la decisión de Brown II, tanto los tribunales de primera instancia como la Corte Suprema se vieron obligados a hacer frente a una serie de violaciones flagrantes del mandato de desegregación además de manejar una serie de casos en los que los distritos escolares mínimamente cumplían con los principios establecidos por Brown I mientras probaban los límites de la decisión Brown II al mismo tiempo (Wenger, 2004). De hecho, la mayoría de los estados no mostraban ninguna prisa por eliminar la segregación y siguieron con el principio general de “neutralidad estatal” (Bell, 1979). Esto significaba que los estados no interferían abiertamente con los esfuerzos contra la segregación, pero tampoco alentaban activamente la integración (Turner, 2014).

En 1968, casi 14 años después de que las escuelas segregadas fueran declaradas inconstitucionales, se presentó en la Corte Suprema un caso judicial que involucraba un pequeño distrito escolar en Virginia. Este distrito particular tenía sólo dos escuelas (ambas K-12), una a la que asistían principalmente alumnos negros y otra con alumnos principalmente blancos. El enfoque del distrito para el logro de los objetivos declarados en Brown II fue adoptar un plan con “libertad de elección” donde los padres eran libres de elegir la escuela en la que iban a inscribir a sus niños.

El distrito escolar de Virginia argumentó que, dado que los padres podían elegir a que escuela enviar a sus hijos, cualquier segregación resultante dependía de las elecciones individuales en oposición a las políticas de jure legitimadas por el estado. La Corte Suprema no estuvo de acuerdo con esta lógica, reconociendo en Green v. County School Board (1968) que las políticas estatales neutrales eran insuficientes y que los estados debían adoptar medidas afirmativas para asegurar que desaparecieran las diferencias en las escuelas con respecto a los siguientes seis criterios.: (1) las instalaciones, (2) la composición del alumnado, (3) el profesorado, (4) el personal, (5) las actividades extracurriculares, y (6) el transporte. De hecho, el dictamen de la Corte en el caso Green no sólo era audaz, sino que también parecía ser bastante progresista e innovador. Numerosos estados que no cumplían con la decisión de Brown I fueron sancionados y rápidamente informados de las medidas correctivas (McCarthy, Cambrone-McCabe, y Eckes, 2013).

Esta estrategia funcionó bastante bien, pero estaba destinada específicamente a los estados que no cumplían la norma antes del fallo de la Corte Suprema de 1954 en el caso Brown. En otras palabras, la nueva ley se aplicaba sólo a los estados que específicamente adoptaron la medida “separados pero iguales”, como la política oficial antes de 1954. Por otra parte, los estados donde la segregación de facto era una cuestión histórica y/o no tenían una historia de segregación de jure antes de la decisión de Brown, no estaban sujetos al mismo estándar, ya que el Tribunal consideró que no había intencionalidad por parte del Estado para segregar a los niños según su raza (Bell, 2005).

En 1973, el Tribunal aclaró esta posición en su opinión mayoritaria de Keyes v. School District N ° 1, Denver, Colorado (1973). En el caso Keyes, los hechos ante el Tribunal eran que el School Board de Denver había participado en un plan para mantener las escuelas del área racialmente segregadas. Dentro del distrito, los estudiantes latinos y negros eran sistemáticamente obligados a no inscribirse en escuelas predominantemente blancas a través de la manipulación estratégica de las zonas de asistencia escolar, el uso de aulas móviles, la creación de políticas ad-hoc aleatorias, y otras prácticas avaladas por el distrito con la intención de mantener a los niños de color separados de los blancos. Estas prácticas discriminatorias se prolongaron durante más de 10 años en el distrito (413 U.S. 189). Sin embargo, en lugar de declarar que todo el distrito estaba en violación de la sentencia de Brown, el Tribunal consideró que dichas prácticas fueron evaluadas incorrectamente por los tribunales de primera instancia, ya que Denver no tenía una política oficial de segregación antes de 1954.

Además, el Tribunal en el caso Keyes también señaló que aunque estas prácticas discriminatorias estaban ocurriendo en un área específico de la ciudad, otras escuelas de la ciudad que no estaban intencionalmente segregadas a través de dichas prácticas continuaban segregadas por una cuestión de rutina. Por lo tanto, una segunda cuestión ante el Tribunal era si el mismo razonamiento aplicaba cuando la segregación era el resultado de las políticas de jure o resultado de la disposición de facto de las viviendas.

En lugar de revertir el fallo de los tribunales de primera instancia, el Tribunal en el caso Keyes lo remitió, y pidió que el Denver School Board proporcionara evidencia adicional de que estas políticas no eran directamente responsables de los desequilibrios raciales en otras partes de la ciudad. En efecto, el Tribunal sostuvo que a menos que un estado tuviera una historia explícita de segregación, o que se hubiera demostrado que la segregación escolar era el resultado directo de la acción estatal, las escuelas segregadas de facto no estaban sujetas a los mismos estándares de integración que otras escuelas.

En definitiva, la decisión Keyes dejó en claro que la mera “existencia” de segregación se tenía que considerar enteramente independiente de la intención real de segregar. Los casos de la Corte Suprema subsiguientes como Milliken v. Bradley (1974), reforzaron esta lógica particular mediante la responsabilización de los querellantes de “comprobar” — prima facie — que la escuela y/o sus políticas y/o prácticas eran específicamente responsables de la segregación. En definitiva, el fallo en el caso Keyes marcó el principio del fin del caso Brown, desplazando el foco de la segregación prima facie como tal, y centrándose en cambio en la cuestión de la intención ostensiblemente segregacionista. Por desgracia, el Tribunal afirmó que la segregación en el caso Keyes estaba perfectamente bien, siempre y cuando no se hubiera dado intencionadamente y/o no fuera una política explícita del estado o de sus órganos (Montoya, 2000; Orfield y Lee, 2006).

¿Hemos logrado la igualdad racial en EE.UU?

Vista desde una perspectiva integral, la principal “lección” impartida por el caso Brown no es tanto que el separar es inherentemente desigual, sino que es perfectamente aceptable siempre y cuando se lleve a cabo con buena intención y/o sea el resultado “natural” de la estratificación según el lugar de residencia (Orfield y Lee, 2006). Una segunda lección aprendida es que lo dictaminado a partir del caso Brown técnicamente sólo se aplica a aquellos estados donde había una política oficial de segregación antes de 1954. Como la Corte afirmó en el caso Keyes:

Nunca hemos sugerido que los querellantes en los casos de desegregación escolar deben soportar la carga de la prueba de los elementos de la segregación de jure que se aplican en todas y cada una de las escuelas o a cada estudiante en el sistema escolar. Más bien, sostenemos que cuando los querellantes demuestran que existe una condición actual de escolarización segregada dentro de un distrito escolar donde un sistema dual fue ordenado o autorizado por la ley en el momento de nuestra decisión en el caso Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954) (Brown I), el Estado asume automáticamente el deber afirmativo “para efectuar una transición a un sistema escolar racialmente no discriminatorio,” Brown v. Board of Education, 349 U.S. 294, 301 (1955) (Brown II) … (p. 200, énfasis añadido).

En otras palabras, en cada decisión relacionada a la desegregación subsiguiente al caso Brown I, la Corte Suprema ha declarado reiteradamente que los estados no deben ser responsables de proveer recurso legal en el presente si no había existido una política estatal explícita para la segregación en el pasado. Esto se mantenía incluso si la segregación era parte de la vida de las personas en ese estado específico (Bell, 1979).

Es más, y por extensión, también implicaba que incluso los estados que habían violado la decisión en 1954 “no serían responsables de corregir futuros [énfasis añadido] desequilibrios raciales que ellos no hubieran creado” (McCarthy, Cambrone-McCabe, & Eckes, 2013, p. 134) Dicho de otra manera: si un distrito, segregado anteriormente, vuelve a su estado original de segregación después de una integración exitosa, el distrito no tiene ninguna obligación de corregir el desequilibrio si la re-segregación se dio por medios que no fueron intencionales.

Como tal, una tercera lección aprendida en Brown, es que la ideología y simbolismo son de suma importancia. La creencia de que la mera “integración” es un indicador de “igualdad” es un ejemplo de una ideología fuertemente influenciado por la decisión Brown. Simbólicamente, la mera ilusión de progreso es quizás tan importante como el progreso en sí. Lo que importa a los tribunales no es si hay resultados segregados per se, sino que estos resultados sean el resultado directo de la intención segregacionista. En resumen, una cuarta lección aprendida en el caso Brown y en otros casos analizados es que los tribunales han desempeñado un papel decisivo en la conformación de las relaciones raciales en el orden social más extendido.

Como veremos adelante, el papel de la decisión Brown en reconfigurar fundamentalmente la política racial en este país no puede sobrevalorar. A raíz de esta decisión judicial, parecería que una nueva forma de racismo sancionado por la corte ha ido tomando forma lentamente. Si bien la decisión Brown fue vital en el desmantelamiento de un sistema de segregación en este país, la Corte ha restringido continuamente la efectividad de su impacto a través de las decisiones judiciales y resoluciones posteriores.

¿Estamos viviendo en una sociedad post-racial?

En los 60 años siguientes a la decisión Brown, hemos sido testigos de que los tribunales cada vez disienten en mayor medida con la afirmación de que el racismo es una característica saliente en este país (Bell, 1993; Delgado y Stefancic, 2012). El racismo ya no es visto como un mal social generalizado que contribuye significativamente a la producción y mantenimiento de espacios segregados, como era en los casos Plessy y Brown. Más bien, la Corte Suprema ahora considera que el racismo es una construcción individual perpetrada intencionalmente por determinados actores sociales (López, 2003). Salvo prueba tangible de intención racial, los tribunales han dejado de lado la necesidad de proscribir recursos jurídicos genéricos para referirse al impacto de la segregación en las instituciones gubernamentales, y han elegido en su lugar concentrarse en los actos individuales de discriminación según cada caso (Delgado y Stefancic, 2012).

En las decisiones judiciales más recientes, los tribunales revelan cada vez más su opinión de la raza y el racismo en varios casos importantes. Por ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Gratz v. Bollinger (2003), declaró inconstitucional la política de acción afirmativa en el ingreso a carreras de pregrado de la Universidad de Michigan ya que otorgaba de manera indiscriminada 20 puntos a los solicitantes con baja representación en los 150 puntos de la escala de admisión de la universidad. Por su lado, la Universidad de Michigan afirmó que la diversidad era un interés gubernamental convincente y que el uso de la raza se ajustaba estrictamente a servir a ese interés. Los tribunales manifestaron su acuerdo respecto del uso de la raza en casos muy específicos, pero dictaminaron que el sistema de puntos operado como un sistema virtual de “cuotas” no era constitucional según la ley.

En un caso relacionado referido al ingreso a la facultad de derecho de la misma universidad en ese año, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró, en Grutter v. Bollinger (2003), que el uso de la raza se ajusta a la medida a la ley porque la escuela tomó en cuenta la raza meramente como un “factor potencial añadido”, y no como una variable automática en el proceso total de admisiones. Los dos casos de Michigan ofrecen una visión única de la forma de pensar de la Corte Suprema de Justicia y hasta qué punto la raza debe considerarse en la hora de tomar decisiones de admisiones universitarias (Ledesma, 2013). Tanto en Gratz como en Grutter, la Corte reconoce que, si bien la raza se puede utilizar en circunstancias muy específicas en pos de un interés apremiante del Estado, tal como la diversidad, nunca debe ser una consideración automática. De hecho, la opinión mayoritaria en Grutter apunta a un futuro idealizado “que ignore el color de la piel” o que sea daltónico, donde la raza sea irrelevante en las decisiones de admisión:

La Corte toma la Facultad de Derecho en su palabra de que nada le gustaría más que encontrar una fórmula de ingreso a la carrera que fuera neutral en cuanto a la raza y que terminará el uso de las preferencias raciales en cuanto sea posible. El Tribunal espera que dentro de 25 años, ya no sea necesario el uso de preferencias raciales para promover el interés aprobado hoy. (pp. 21-31)

A pesar del hecho de que un caso de acción afirmativa más reciente fue presentado ante la Corte en 2013 (Fisher v. University of Texas, 2013), ese caso en particular quedó sin efecto y fue remitido a los tribunales aduciendo que estos no pudieron determinar si el uso que hacía la universidad de la raza se ajustaba estrictamente a la situación. La opinión contundente de la Corte, indica que a menos que el “proceso de admisión de la universidad cumpla con un estricto control en su aplicación” y que “los medios elegidos por la Universidad para diversificar su alumnado estén estrechamente adaptados a ese objetivo”, la universidad no debe recibir deferencia alguna de parte de los tribunales de primera instancia. Evidentemente la Corte Suprema está enviando una señal a los tribunales de primera instancia diciendo que la raza rara vez debe utilizarse para tomar este tipo de decisiones de admisión. A pesar de esta advertencia, los tribunales de primera instancia dictaminaron que el uso que hacía la universidad de la raza como criterio de admisión se ajustaba estrictamente al caso, y confirmó la constitucionalidad del protocolo de acción afirmativa de la University of Texas. El 29 de julio 2014, el querellante presentó una petición de revisión en banc frente al tribunal de apelación del U.S. Fifth Circuit Court of Appeals por motivos de haberse ignorado el mandamiento enunciado por la Corte Suprema respecto al “estricto escrutinio.” Al momento de publicación de este artículo, el resultado del caso no se había determinado.

En un caso diferente de 2007, el de los Parents Involved in Community School v. Seattle School District No. 1 [Padres involucrados en las escuelas de la comunidad v. el Distrito Escolar Nº 1 de Seattle] (551 U.S. 701), la Corte Suprema de Estados Unidos también se basó en la retórica “estrictamente adaptada”, argumentando que el acercamiento del Distrito Escolar de Seattle a las escuelas racialmente equilibradas confiaba indiscriminadamente en las clasificaciones raciales para lograr la integración racial. El acercamiento utilizado por Seattle clasificaba a los estudiantes como “blanco” o “no blanco” y les asignaba diferentes escuelas según dichas clasificaciones a fin de lograr una composición racial paralela a la composición racial del distrito escolar en su conjunto.

Los padres afectados, que eran predominantemente padres de estudiantes blancos y a quienes se les negó la aceptación en una escuela específica, afirmaron que el asignar a los estudiantes a una escuela según su raza violaba la cláusula de Equal Protection Clause [Claúsula de Igual Protección] de la constitución de los EE.UU. (Nota: la constitucionalidad de un acercamiento a la desegregación similar utilizado por un distrito escolar en Kentucky también se decidió junto con este caso de Parents Involved. La Corte Suprema ha consolidado los dos casos, ya que incluían quejas similares). En Parents Involved, el distrito escolar alegó, con el acuerdo de los tribunales de primera instancia, que la superación de la discriminación racial en el pasado era un “interés apremiante del estado” y que el uso de la raza era un enfoque estrictamente adaptado a la consecución de ese objetivo. La Corte Suprema, sin embargo, no estuvo de acuerdo, aduciendo que como Seattle “nunca estuvo segregada por ley, ni sujeta a la desegregación ordenada por la corte,” no había un interés apremiante a superar. De acuerdo con las decisiones anteriores, la Corte de Parents Involved afirmó que Seattle School Board no tenía ninguna obligación de proporcionar tales recursos a los estudiantes porque dicha segregación no era considerada intencional.

No obstante, dado que se intentó remediar la situación, ya que Seattle Public Schools utilizaban la raza como el criterio único para la clasificación de los estudiantes, fue así que la Corte en Parents Involved dictaminó que el uso de la raza como criterio de aceptación en las escuelas de Seattle era particularmente problemático. Al final, el caso fue remitido a los tribunales de primera instancia, ya que la corte suprema consideró que había otros métodos que podrían haber sido utilizados por el distrito que no implicasen el uso de las clasificaciones raciales para alcanzar los fines deseados por el distrito. El Juez Presidente de la Corte Suprema De Estados Unidos John G. Roberts, quien pronunció la opinión dividida, luego cerró el dictamen con la siguiente declaración: “La manera de detener la discriminación racial es dejar de discriminar según la raza” (p. 41). Esta afirmación no sólo hizo eco de la retórica familiar de la Corte de ignorar el color de la piel sino que señaló la insistencia en que la raza sólo debe utilizarse en circunstancias muy excepcionales y sólo cuando sirva a un interés gubernamental convincente (Bell, 2005).

En resumen, los casos judiciales recientes indican que la Corte Suprema de los Estados Unidos no sólo se rehúsa a utilizar la raza como un vehículo para remediar las injusticias sociales del pasado, sino que ha señalado reiteradamente que el racismo no es una enfermedad institucional ni social perpetrada sobre la gente de color, sino una construcción individual que puede afectar a cualquier persona de cualquier raza. De hecho, lo que los casos Gratz, Grutter, Fisher, y Parents Involved demuestran colectivamente es que el racismo se ha invertido y re-articulado por los tribunales como una especie desviada de “racismo inverso” con el pretexto de protección de la igualdad ante la Ley. Los tribunales no sólo han respaldado esas declaraciones emitidas por los querellantes blancos, sino que se han reprendido a las instituciones educativas respectivas por haber tratado de corregir las injusticias del pasado a través de diferentes estrategias afirmativas. En efecto, los mismos principios jurídicos que fueron utilizados por Brown para revertir años de escuelas segregadas sancionadas legalmente, ahora están siendo utilizados por los tribunales para proteger los intereses a menudo limitados de los querellantes blancos.

La necesidad de “desprenderse” simbólicamente del caso Brown y plantear nuevas preguntas sobre su impacto

A pesar del legado problemático del caso Brown v. Board of Education, nosotros, como sociedad, continuamos celebrando y rindiendo homenaje a este fallo judicial y usamos su aniversario para reflexionar periódicamente sobre lo lejos que hemos llegado como sociedad en temas relacionados con la raza y el racismo en este país. Indiscutiblemente, se ha avanzado mucho. Podemos luchar con retrocesos ocasionales emitidos por los tribunales y debatir enérgicamente la medida o el alcance del progreso social realizado desde la decisión Brown, pero muy pocos individuos rechazan dicho fallo, a pesar de sus muchos defectos y promesas fallidas. En pocas palabras: creemos en la decisión Brown y nos aferramos a ella con fuerza como a un viejo osito de peluche o una reliquia familiar valiosa.

Tal vez nos aferramos a este fallo porque imparte un sentido particular de comodidad y seguridad. Después de todo, el caso no sólo encarna un momento específico en la historia del país, sino que representa la lucha colectiva de un pueblo que peleó por la justicia y un cambio social en el país. En efecto, Brown encarna el desmantelamiento simbólico de la estructura legalmente sancionada de “separados pero iguales” bajo Plessy, y ha llegado a simbolizar el momento preciso en que la desesperanza y la desesperación se transformaron en esperanza y optimismo para nuestro país. Sin dudas, el caso incitó a toda una generación a impulsar el cambio social a través de la protesta, la resistencia, la lucha, el desafío, la confrontación y la perseverancia. Con sus “ojos en el premio,” nuestros antepasados y antepasadas, hermanas y hermanos, tías y tíos, todos se movilizaron por la igualdad de derechos, sin miedo de desafiar y oponerse a las disposiciones estructurales y las instituciones de poder que arraigaban con firmeza el racismo. No hay duda de que el impacto del caso Brown fue verdaderamente profundo, espiritualmente edificante, y transformador.

Sin embargo, en los últimos 60 años, también hemos logrado entender que los mismos tribunales que le dieron vida, a la vez limitan la promesa y el potencial de la decisión Brown en todo momento y con cada decisión posterior. Y mientras que el fallo sigue siendo uno de los más significativos en la historia de Estados Unidos, también es uno de los que menos se ha cumplido. Lamentablemente, los datos hablan por sí mismos: nuestro país está tal vez más segregado de lo que estaba a finales de 1960 (Orfield y Frankenberg, 2014). Además, dado que las oportunidades sociales están íntimamente relacionadas con la segregación, el progreso racial desde Brown ha casi disminuido completamente (Sharkey, 2013). Sesenta años han pasado y todavía hay un énfasis excesivo en el caso de Brown en sí – prestándoles poca atención a las condiciones sociales, históricas y racistas que crearon la necesidad del caso en el primer lugar.

Esta falta de progreso nos hace preguntarnos si nosotros —como sociedad— nos aferramos obstinadamente a la promesa y al potencial del caso Brown porque simboliza lo que el país es capaz de alcanzar, o si lo hacemos porque realmente tememos lo que el fracaso del caso Brown significa e implica para nuestro país. En otras palabras, el “desprenderse” del caso Brown, no sólo nos obliga a reconocer el problema insoluble de la raza y el racismo en los EE.UU., sino que abre un espacio ontológico para cuestionar si el caso Brown en verdad apuntaba a lograr la igualdad. Derrick Bell (2005), por ejemplo, sugiere que la convergencia de intereses, y no en la igualdad racial en sí, fue la fuerza impulsora en la decisión Brown.

Más allá de que si pensamos que Brown fue el principal hito promotor de igualdad o la mayor cortina de humo, es indiscutible que la desigualdad racial todavía existe y prospera en este país. Se podría debatir sobre el progreso alcanzado desde la decisión Brown hasta el hartazgo, pero tal discusión no nos llevaría a enfrentarnos con la permanencia del racismo en este país o al qué hacer al respecto (Bell, 1993). En otras palabras, necesitamos tener una conversación radicalmente diferente sobre Brown, y referirnos a un conjunto totalmente diferente de preguntas acerca de su efectividad: En lugar de preguntar “¿Lo hemos superado?”, tenemos que preguntarnos: “¿qué factores sociales, institucionales, jurídicos e ideológicos nos impiden superarlo?” En lugar de preguntar: “¿Funcionó la integración?”, tenemos que preguntarnos: “¿por qué seguimos creyendo en la integración como el principal indicador de igualdad?” En lugar de preguntar: “¿Estamos viviendo en una sociedad post-racial?”, tenemos que preguntar: “¿Por qué seguimos teniendo fe en la eficacia de nuestras instituciones gubernamentales para abordar los problemas de la desigualdad, cuando todos los indicadores parecen mostrar que estamos todavía separados y no somos tratados como iguales? “ Parafraseando al Juez Presidente de la Corte Suprema Roberts en su opinión dividida en Parents Involved: Si queremos dejar de hacer las mismas preguntas acerca de la eficacia del impacto de Brown, simplemente tenemos que dejar de hacer las mismas preguntas. Sólo entonces podremos tener una conversación fundamentalmente diferente acerca de las deficiencias, las promesas, y el futuro de este caso problemático.