Abstract
En el 2015, cuando me embarqué en mi travesía para el doctorado en salud pública mundial junto con otras cuatro colegas mujeres, estábamos decididas a hacer avanzar la investigación que promueve el acceso equitativo e inclusivo a los servicios de salud para los diversos grupos de la población, en particular aquellos que están en situación de vulnerabilidad y marginalización. Con el fin de abordar los desafíos fundamentales de la salud mundial, propusimos, en esa época, un enfoque que combinara la inter-seccionalidad con la interdisciplinariedad y que al mismo tiempo les diera una atención sistemática a la equidad, a los determinantes sociales de la salud y a una efectiva participación comunitaria en la investigación y las iniciativas de la salud mundial (1). En el 2019, con otro grupo de 10 personas francófonas que hacen investigación interdisciplinaria en salud pública y mundial, recomendamos estrategias es-pecíficas para el futuro de la salud global. Dos de estas incluían la adopción de un enfoque interseccional para resaltar las inequidades ocultas y la promoción de la responsabilidad social de las instituciones y los profesionales de la salud pública (2). Más recientemente, en mi nueva función de profesora asistente de salud mundial se me ha pedido que reflexione sobre mi posición en la salud mundial y en la promoción de la salud y que proponga las dimensiones clave que deberían ser prioritarias. Teniendo en cuenta mis experiencias, el impacto continuo de la pandemia de la COVID-19 y los eventos cada vez más frecuentes y extremos del cambio climáticos y de los trastornos ambientales que afectan a las naciones y a la ciudadanía de todos los continentes, me pregunto constantemente si continuamos pasando por alto – consciente e inconscientemente – ciertos grupos de la población, especialmente los 1 300 millones de personas que viven en situación de discapacidad y cómo estas crisis intersectoriales las afectan de manera particular (3).
En este editorial me enfocaré en las tres dimensiones clave de la respuesta climática inclusiva a través de la lente de la discapacidad: (i) el capacitismo como una situación respaldada por una estructura de poder societal que discrimina a las personas con discapacidad, (ii) las consideraciones de equidad interseccional y (iii) los resultados de salud transformadores impulsados por el liderazgo y la rendición de cuentas en la gobernanza.
Primero, las personas con discapacidad, que representan el 16 % de la población mundial, son consideradas como uno de los grupos minoritarios más grandes del mundo. Sin embargo, todavía deben enfrentarse a múltiples y graves discriminaciones, además de tener que superar las barreras físicas, de actitud, de comunicación y estructurales que les impiden ejercer sus derechos humanos básicos y de discapacidad (3). En muchas sociedades, las personas con discapacidad son a menudo percibidas como seres de menor valor que las personas sin discapacidad. Son estigmatizadas y excluidas socialmente debido a sus impedimentos. Se argumenta que el capacitismo, una poderosa estructura societal y un determinante estructural de la salud, privilegia sistemáticamente a las personas sin discapacidad mientras que discrimina y además marginaliza a las personas con discapacidad (4). El capacitismo tiene implicaciones profundas en la inclusión o la exclusión de las personas con discapacidad en las diferentes políticas y programas de salud, educación, empleo y medio ambiente (3,4). El informe del 2020 de Lancet Countdown sobre la salud y los cambios climáticos reporta que el cambio climáticos afecta ya de manera considerable la salud de las poblaciones en el mundo. Este ha modificado drásticamente nuestro énfasis en los determinantes de la salud al tiempo que se profundizan las inequidades sociales, en especial para los grupos de la población que experimentan vulnerabilidades interseccionales, como las personas con discapacidad (5). Por consiguiente, promover la implementación de políticas y respuestas relacionadas con el clima y que vayan en contra del capacitismo es un paso importante hacia la inclusión completa de personas con discapacidad, involucrándolas y abordando sus contextos y sus necesidades específicas, así como removiendo las innumerables barreras estructurales que ellas enfrentan, una por una.
En segundo lugar, se pronostica que los cambios climáticos y ambientales van a afectar de forma desigual a los grupos vulnerables de la población, como las mujeres, los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad y las comunidades indígenas (6). Stein y Stein (7) sostienen, además, que el cambio climáticos amenaza de manera desproporcionada “el derecho a la salud que tienen las personas con discapacidad, debido a las temperaturas ambiente más altas, a las elevadas tasas de contaminación del aire y al aumento de la exposición a fenómenos meteorológicos extremos como oleadas de calor, inundaciones, huracanes e incendios forestales”. Durante los desastres climáticos, las personas con discapacidad son menos aptas para escapar de los peligros y se quedan rezagadas en las evacuaciones de emergencia (3). Un reciente análisis sistemático de la adopción del Acuerdo de París por la Conferencia de las Partes, revela que ninguno de los Estados Parte se refiere a la población con discapacidad en sus respectivas políticas de mitigación del cambio climáticos, y que solo 45 de ellos incluyen a las personas con discapacidad en sus políticas de adaptación al cambio climáticos (8). Las políticas climáticas que no reconocen completamente los derechos de las personas con discapacidad pueden además exacerbar los resultados desiguales socioeconómicos y de salud en las personas con discapacidad de múltiples identidades sociales. Considerar las vulnerabilidades y las inequidades que experimentan los grupos marginalizados de la población, con base en el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la etnicidad, el lugar de residencia, la educación, la riqueza y otras identidades sociales, implica una importancia renovada para la implementación de una respuesta climática inclusiva e integral (9). La interseccionalidad habilita a los legisladores y a quienes toman las decisiones para entender y analizar de una mejor forma los múltiples riesgos a los que se enfrentan los grupos de población vulnerables y marginalizados, resalta las inequidades e injusticias menos visibles y tiene en cuenta el contexto en el que viven y trabajan estas personas, sus diferentes fuentes de conocimiento, las dinámicas de poder y su propia posicionalidad (10). La interseccionalidad también requiere una recolección y análisis de datos, así como un monitoreo y actividades de evaluación que sean desagregados por diferentes identidades sociales y factores con-textuales para informar, con base en la evidencia, a los legisladores y a quienes toman las decisiones (9). No hacerlo solo perpetuará la invisibilidad y la negación de ciertos grupos de la población, como las personas con discapacidad.
Tercero. Hace más de una década, Lord et al. (11) argumentaron que la invisibilidad de las personas con discapacidad en la gobernanza mundial de la salud constituye una de las preocupaciones más apremiantes que los actores de la salud mundial deben abordar explícitamente. A la fecha, 186 Estados Miembros han ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que estipula obligaciones específicas para los gobiernos con el fin de fomentar los derechos de sus respectivas poblaciones en situación de discapacidad (12). Adicionalmente, pese a las limitadas políticas climáticas que mencionan las discapacidades, todavía existe una importante disparidad entre lo previsto y la real implementación de iniciativas climáticas universalmente accesibles e inclusivas para las personas con discapacidad. Esta brecha puede empeorar aún más las desigualdades y las injusticias sociales (13). Con el fin de consolidar y llevar a la acción políticas y programas climáticos que sean interseccionales, equitativos y que vayan en contra del capacitismo, se requiere un liderazgo y una rendición de cuentas en la gobernanza por el clima (13). Una buena gobernanza sugiere que los líderes, incluyendo los legisladores y quienes toman las decisiones, comprendan los impactos de las políticas y de las decisiones que proponen, al tiempo que se hagan responsables de sus acciones o inacciones (14). De acuerdo con el Informe mundial sobre la equidad en salud para las personas con discapacidad, del 2022, los caminos hacia la salud y el clima equitativos e inclusivos requieren de claridad en el compromiso político, en el liderazgo y en la gobernanza. Esto implica dar prioridad a la inclusión de la discapacidad en los planes y estrategias, lo cual ayuda a cumplir de manera importante con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 (salud), 10 (reducción de las desigualdades) y 13 (acción por el clima), y más allá del 2030. Implica también proporcionar una dirección estratégica y liderazgo, implementar un presupuesto y un financiamiento para la discapacidad, desarrollar un plan de monitoreo y evaluación orientados a la discapacidad, comprometerse con la investigación sobre políticas y sistemas de salud, además de fomentar la colaboración intersectorial entre las áreas de acción climática y ambiental así como los planes de preparación y respuesta ante emergencias (3).
El cambio climáticos es sin duda una cruda realidad y prueba de ello son los eventos recientes como los desastrosos incendios forestales en Hawái y en varias provincias canadienses, los impactos de El Niño en las Américas, las fuertes sequías en el Cuerno de África, las temperaturas extremas que afectan a varios países de Europa, las inundaciones en Asia y los deshielos en los polos Norte y Sur. Cualquier retraso adicional o evasión para controlar el cambio climáticos para todos, ya no es aceptable. Tampoco podemos dejar atrás a 1 300 millones de personas con discapacidad. Tenemos el deber de actuar, de responsabilizar a los actores de la gobernanza y de abogar activamente por la solidaridad, la igualdad y la justicia social en todo el mundo.